Lima, Perú, 27 septiembre 2024.- El gobierno peruano anunció este jueves que desplegará militares para que refuercen la lucha contra la extorsión en gran parte de Lima, tras una inédita protesta de transportistas contra el chantaje del crimen organizado.
Las tropas apoyarán a la policía en los distritos de la capital peruana donde se concentra un 60% de los 10 millones de habitantes.
Durante 60 días, regirá el estado de emergencia en esas zonas, bajo el cual los militares están autorizados a reforzar las labores de la policía.
“Corresponderá a la policía mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las fuerzas armadas”, explicó el ministro de Defensa Walter Astudillo en conferencia de prensa.
La medida también incluye a un distrito del contiguo puerto de Callao.
“Es una respuesta del Estado peruano para combatir este flagelo que está amenazando a nuestra seguridad y bienestar”, agregó Astudillo.
El gobierno anunció el envío de los militares a las calles, tras la huelga que realizaron este jueves miles de transportistas del sector público.
“No resistimos más esta intimidación”, dijo a la AFP Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).
Según la policía, entre enero y septiembre se han registrado en Perú 14.220 denuncias de extorsión. En todo 2023, se reportaron 22.294 denuncias.
“No estamos pidiendo que baje el combustible, no estamos pidiendo mejores económicas, estamos pidiendo garantías, seguridad para el ciudadano, para todos los transportistas, es lo que estamos pidiendo”, dijo a EFE el presidente de la Federación Nacional de Mototaxi en Perú, Julio García.
Durante la protesta, recordaron a un joven conductor de autobús que fue asesinado este lunes a los 21 años por no aceptar un pago de 7 soles (2,15 dólares).
La extorsión afecta especialmente a propietarios de pequeños negocios, transportistas, ciudadanos que piden préstamos e incluso a colegios y comedores sociales.
Los transportistas, un sector poco regulado y con bastante incidencia de la informalidad, lo ha padecido debido a su especial vulnerabilidad.
En lo que va de 2024, ya se han reportado más de 14.000 denuncias por extorsión, mientras que, en todo, 2022 fueron 15.974. En 2023 hubo 22.294 y en 2021, 4.500.
Asociaciones de transporte urbano de Lima llevaron a cabo este jueves un gran paro en la capital peruana para exigir seguridad frente a la ola de extorsión que sufre su sector y la ciudadanía, lo que forzó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en 12 distritos de Lima y su vecina Callao.
La manifestación de transportistas concluyó en el Congreso, donde una delegación de representantes del sector expusieron sus denuncias a un grupo de parlamentarios en una rueda de prensa.
“No hay más dirigentes afuera porque muchos han querido venir, pero no quieren dar la cara por miedo. Quienes estamos al frente pedimos a las autoridades que nos den seguridad porque es difícil estar al frente (y saber que) mañana nos pueden meter un balazo”, dijo uno de los dirigentes.
La jornada de protesta fue pacífica, empezó temprano y la ciudad experimentó tramos con fuerte tráfico y largas filas de pasajeros que intentaban llegar a sus lugares de trabajo, pero en general, la población empatizó con los transportistas por la causa que defendían.
“Estamos acá preocupados por todos los compañeros de trabajo, por las extorsiones que hay y queremos que la presidenta vea, que nos ayude porque no es justo tantas extorsiones”, indicó Luisa Cañizal, cobradora de transporte público.
Alrededor de las 14.00 hora local (19.00 GMT) el Gobierno peruano convocó a los medios para anunciar las medidas que ha tomado frente a este escenario.
Comunicó que por 60 días declaraba en emergencia 11 distritos de Lima y uno de la provincia portuaria del Callao, donde corresponderá a la Policía Nacional de Perú (PNP) mantener el control interno en esas zonas y las Fuerzas Armadas ejecutarán acciones de apoyo para garantizar la seguridad de la población.
Asimismo, detalló que el Gobierno también remitirá al Congreso un proyecto de ley que tipifica como “delito de terrorismo urbano” el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
Con EFE/AFP